Fiscal DN, “No puede haber paz mientras la impunidad tenga más peso que el dolor colectivo”
La fiscal del Distrito Nacional,
Rosalba Ramos, mostró su inconformidad con las medidas de coerción impuestas a
los dueños del Jet Set
Para la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos,
“deja un profundo sabor a injusticia, la medida de coerción dictada por la
jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional,
para los propietarios de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario.
La jueza impuso a los
hermanos Antonio y Maribel Espaillat una garantía económica de 50 millones de
pesos, presentación periódica e impedimento de salida, como medida de coerción.
Ante esta decisión, adoptada la madrugada de este jueves, la fiscal Rosalba Ramos expresó su inconformidad,
por entender que esto pone en entredicho la esperanza de justicia de cientos de
familias, de una tragedia que dejó 235
muertos y más de 100 heridos.
La magistrada Ramos entiende que no puede haber paz,
mientras la impunidad tenga más peso que el dolor colectivo.
“La decisión de la magistrada Fátima Veloz deja
un profundo sabor a injusticia, especialmente frente a una investigación
exhaustiva y bien fundamentada por parte del Ministerio Público,
que buscaba hacer valer la ley en nombre de las 235 víctimas mortales, más de
100 heridos y 130 huérfanos que dejó la tragedia del Jet Set. Esta
decisión no solo hiere la memoria de quienes ya no están, sino que también pone
en entredicho la esperanza de cientos de familias que claman por justicia. No
puede haber paz mientras la impunidad tenga más peso que el dolor colectivo”
expresó Ramos en su cuenta de X.
El Ministerio
Público apelará
También el magistrado Wilson Camacho,
director de Persecución del Ministerio Público, calificó como una
“burla a las víctimas” la decisión de la Jueza Veloz de dejar a los imputados
en libertad, por considerar que el tribunal no valoró los hechos en
su justa dimensión.
En consecuencia, el Ministerio Público va
a apelar las medidas de coerción.
“Creemos que el tribunal no valoró correctamente la
magnitud del daño que han traído para la sociedad dominicana los hechos; pero,
sobre todo, el daño que significa para 235 personas que murieron,
más de 180 personas que resultaron heridas y más de 130 niños
que quedaron huérfanos como consecuencia de esta conducta y como consecuencia
del comportamiento de Antonio y Maribel Espaillat que pusieron
sobre el interés de las personas que ahí estaban, las que acudían normalmente a
esa discoteca, su interés económico”, puntualizó.
Fuente: Listín Diario.