SD. La Comisión Especial del
Senado, apoderada del proyecto de ley mediante el cual se crea el Parque
Nacional Loma Miranda, rindió ayer un informe favorable a esa iniciativa, pero
con modificaciones, entre las cuales figuran que para que el Estado pueda
resarcir económicamente los daños a los propietarios de los terrenos ubicados
en la zona, una superficie de 32 kilómetros cuadrados, se aumentará en un 10 %
del valor a pagar para otorgar licencias o permisos ambientales para la
explotación minera.
También, establece que se aplicará una multa equivalente al doble
del valor del área o territorio impactada negativamente por la explotación de
materiales metálicos y no metálicos, en territorio nacional y su plataforma
marítima, tomando en cuenta lo que establece la Ley 64-00, sobre el delito
contra del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.
La iniciativa será conocida en la sesión ordinaria del Senado
prevista para el miércoles venidero. De ser aprobada como fue sugerida en ese
hemiciclo, deberá ser sancionada en la Cámara de Diputados para ser convertida
en Ley.
En el proyecto de Ley, leído por Rafael Calderón, presidente de la
referida comisión, se destaca que los recursos económicos obtenidos por las
vías indicadas anteriormente también serán destinados a resarcir el pasivo ambiental
que las actividades de explotación minera ocasionen al medio ambiente y los
recursos naturales.
Además, propone que el Consejo de Gestión, Administración y
Desarrollo del Parque Nacional Loma Miranda, que deberá ser creado, incluya en
su presupuesto anual los recursos necesarios y emprenda las acciones
pertinentes para poder cumplir con su rol de proteger y vigilar esa área
protegida.
Según el artículo 8, sobre el derecho de propiedad, debido a que
los terrenos donde está ubicada Loma Miranda, incluyendo el área de depósitos
de minerales que contienen ferroníquel, están en posesión o son propiedad
legítima de más de un propietario, corresponde al Estado actuar conforme a lo
que establece el artículo 51 de la Constitución.
Ese artículo expresa textualmente que "ninguna persona puede
ser privada de su propiedad, sino por causa justificada de utilidad pública o
de interés nacional, previo pago de su justo valor, determinado por acuerdo
entre las partes o sentencia del tribunal competente, de conformidad con lo
establecido en la Ley".
En sus considerandos señala que los daños ambientales inevitables
que generaría un proyecto minero "nunca serían compensables con los
recursos que recibiría el Estado dominicano a cambio de la explotación minera
en dicha Loma", y que los bienes y servicios eco sistémicos que atesora
esa área podrían ser arruinados parcial o totalmente, si el Estado permite esa
actividad comercial.
Senadores reaccionan
Luego de ser leído el informe favorable, el senador de Monseñor
Nouel, Félix Nova, consideró que el mismo era irresponsable, producto de
"presiones mediáticas", y señaló que de aprobarse en ambas cámaras
legislativas esa iniciativa, el Poder Ejecutivo tendría que observarla, porque
es inconstitucional.
Difiere de él el senador por La Vega, Euclides Sánchez, quien
mostró su satisfacción por el informe favorable de la Comisión Especial, pero
informó que hará consultas con expertos para tener una opinión más acabada
sobre el tema.
Fuente:
http://www.diariolibre.com/
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